Fiscalía investiga al Puerto
Fiscalía investiga al Puerto de València por un posible delito contra el medio ambiente por los vertidos de ácido sulfhídrico
El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia trasladada por la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, tras comprobar que la Autoridad Portuaria no ha solventada los vertidos de esta sustancia en la red de saneamiento municipal
“Por esta Fiscalía se han incoado diligencias de investigación penal y designado fiscal instructor”. Esta es la resolución de la Fiscalía de València en respuesta a la denuncia presentada el pasado 18 de julio por la Concejalía del Ciclo Integral del Agua ante la persistencia de los vertidos de ácido sulfhídrico del Puerto de València en el alcantarillado municipal.
El Ministerio Público abre así investigación contra la Autoridad Portuaria (APV) por un posible delito contra el medio ambiente ante la reincidencia de los vertidos a pesar de los diferentes avisos por parte de los servicios municipales.
El escrito de denuncia llevado a la Fiscalía repasa las advertencias del Consistorio a la APV sobre los altos niveles de de gas sulfhídrico a consecuencia de los vertidos del Puerto a la red municipal de saneamiento.
En octubre de 2021, dos trabajadores del edificio de la Unidad de Análisis de Sanidad Animal de la Conselleria de Agricultura, localizado a tiro de piedra del recinto portuario, formularon quejas por los olores a gas en el entorno del inmueble, que les provocaron dolor de cabeza e irritación.
Dos meses después, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret presentaron un escrito que reseñaba las quejas sobre el olor a gas. Además, el 25 de noviembre se desalojó el edificio de la Unidad de Análisis de Sanidad Animal (UASA), en la avenida del Ingeniero Manuel Soto, “ante la toxicidad del gas sulfhídrico detectado”.
Así, un informe de la sección de Control de Medioambiente y Vertidos del Servicio del Ciclo Integral del Agua concluyó que los “altos niveles” de gas sulfhídrico son consecuencia de los vertidos del puerto a la red municipal de saneamiento. Tras haber entregado el informe a la APV, el organismo dirigido por Aurelio Martínez comunicó que “mediante distintas actuaciones, se había resuelto la anomalía de altos niveles” de gas.
Sin embargo, los pasados 28 de febrero y 2 de marzo, varios trabajadores del edificio de la UASA formularon nuevas quejas sobre las molestias a consecuencia del gas. Tras una reunión entre técnicos del Ayuntamiento, de la Conselleria y de la APV y “dado el tiempo transcurrido” sin que se adoptaran medidas correctoras, el consistorio levantó un acta de inspección y, posteriormente, tras los resultados de las analíticas, un acta de infracción contra el puerto por realizar vertidos a la red municipal que superan los límites establecidos en la ordenanza municipal.
Tras nuevas emisiones –“lo que evidencia que las medidas adoptadas por la APV son insuficientes”–, el consistorio dictó una resolución para la adopción de la orden de cese inmediato de vertido. La resolución advierte a la APV de que su incumplimiento supone una infracción muy grave y propone la retención de aguas negras en las cántaras de bombeo y el transporte mediante cubas a depuración. Además, también sugiere la instalación de una depuradora en las instalaciones portuarias que evite la necesidad del recinto de utilizar el saneamiento municipal.
Al respecto, la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, comentó que este mismo jueves se reunió con miembros de la APV los cuales expusieron las medidas adoptadas a lo largo del verano basadas en instalación de sistemas de aireación y en aplicación de aditivos químicos.
“Hemos pedido un informe detallado con las medidas aplicadas y la fecha de su puesta en marcha, mientras que por parte del Ayuntamiento se seguirán tomando muestras para verificar el funcionamiento de las mismas. Esperamos que se pueda cerrar pronto este asunto”, dijo Valía.
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