Una concesión fallida (por ahora) en el Puerto de Valencia

El informe de la Abogacía del Estado, publicado en exclusiva por este diario, sobre las irregularidades en la permuta de concesiones al naviero Boluda en el Puerto de Valencia; el arranque del programa de Fallas con la vista puesta en la guerra en Ucrania y el juicio al exalcalde del PP de Crevillent por haber pagado supuestamente servicios que no se prestaron son algunos de los temas de la semana en la edición valenciana de elDiario.es

El Puerto de València aprobó una permuta de concesiones al naviero Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, el principal lobby patronal valenciano, que ha tenido que deshacer después de sendos informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado. El documento de la Abogacía del Estado, que la Autoridad Portuaria presidida por Aurelio Martínez no hizo público cuando pidió al consejo de administración del Puerto dar marcha atrás y reconocer la lesividad a los bienes públicos de su decisión anterior, incluye cuatro irregularidades que invalidan la operación. Una operación por la que Boluda habría podido construir en el recinto portuario un edificio de oficinas a cambio de prescindir de la concesión de los astilleros de la antigua Unión Naval, en los que no se construyen barcos desde hace años.

Carlos Navarro Castelló ha publicado en exclusiva el informe, en el que la Abogacía concluye que se podría haber rescatado la concesión sin compensación económica, dado que no se construyen barcos en las instalaciones, que es para lo que se cedieron. También indica que no se puede otorgar la permuta para una empresa distinta de la que era titular de la primera concesión y que el titular habría incurrido en dos causas de caducidad de la concesión: el incumplimiento por el concesionario de la obligación de conservar las instalaciones y la realización de actividades no comprendidas en el objeto de la concesión.

La publicación del informe levantó una polvareda en el seno del Pacto del Botánico, ya que los socios de gobierno de los socialistas, por boca de las portavoces en las Corts Valencianes de Compromís y Unides Podem, Papi Robles y Pilar Lima respectivamente, cuestionaron la continuidad de Aurelio Martínez al frente del Puerto de València. Unas declaraciones a las que respondió el portavoz socialista en la Cámara autonómica, Manolo Mata, criticando a las otras dos formaciones por "confundir sembrando sombras de sospecha donde no hay ninguna irregularidad".

La permuta fallida de concesiones a Boluda afecta al cambio de ubicación de la terminal de cruceros tal como está prevista en el proyecto de ampliación del Puerto de València que Martínez promueve. Un proyecto que enfrenta a la Autoridad Portuaria con plataformas ciudadanas como la Comissió Ciutat-Port, y al PSPV-PSOE con sus socios de gobierno Compromís y Unides Podem, por los efectos de las instalaciones portuarias sobre las playas del sur de València y el impacto en el entorno urbano. La ampliación tiene por objetivo la concesión a TIL, una filial de la naviera MSC, de la gestión de una nueva dársena de 134 hectáreas para carga y descarga de grandes buques de contenedores.

La negativa del Puerto a encargar una nueva declaración de impacto ambiental, pese a que el proyecto original se ha modificado sustancialmente y a que la existente es del año 2007, genera una fuerte controversia, en la que el Gobierno decidió lavarse las manos con la decisión de Puertos del Estado de trasladar la responsabilidad de decidir sobre el asunto a la entidad que preside Aurelio Martínez, convertida de este modo en juez y parte. La Audiencia Nacional ha tenido que apercibir por segunda vez con amenaza de multa al ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, para que facilite a la Comissió Ciutat-Port, -que pretende recurrirla al considerarla "nula de pleno derecho"- la resolución que permite decidir por sí sola a la Autoridad Portuaria si hace falta o no una nueva declaración de impacto ambiental.

Aún así, la adjudicación definitiva de la ampliación en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria está pendiente de un informe de Puertos del Estado que, en teoría, debió haberse recibido a mediados de febrero y todavía no se ha enviado. La concesión anulada a Boluda es poca cosa comparada con la que el Puerto se prepara a aprobar en favor de la multinacional del transporte marítimo MSC. Está por ver qué explicaciones da el Gobierno, si se consuma y, en ese caso, si no corre al final la misma suerte que la otra.

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